lunes, septiembre 20, 2021
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    Asumió un gobierno provisional de golpistas con promesas de elecciones en dos años

    Seis meses después del golpe de Estado en Myanmar, el jefe de la Junta Militar, Min Aung Hlaing, asumió este domingo como primer ministro en un nuevo Gobierno provisional y prometió elecciones en dos años, seis meses más tarde que lo anunciado inicialmente.

    Min Aung Hlaing reiteró en un discurso su promesa de celebrar elecciones, aunque recién en agosto de 2023, y dijo que su gestión estaba lista para trabajar con un futuro enviado regional en Myanmar, informó la agencia de noticias AFP.

    “Con el fin de desempeñar las funciones del país de manera rápida, fácil y eficaz, el consejo de administración estatal se ha reformado como gobierno provisional de Myanmar”, dijo más tarde la televisión estatal Myawaddy, que precisó que Min Aung Hlaing será primer ministro.

    El anuncio y el discurso llegaron seis meses después de que el Ejército arrebatara el poder, el 1 de febrero, a un Gobierno civil tras elecciones ganadas por el partido de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, pero que los militares consideraron fraudulentas.

    Según el Ejército, la toma de posesión estaba en consonancia con la Constitución, pese a que la comisión electoral del país desestimara las acusaciones de fraude.

    Sin embargo, la semana pasada, la Junta militar anuló el resultado de las legislativas 2020, ganadas por abrumadora mayoría por el partido de Suu Kyi.

    Suu Kyi, la candidata electa comienza su séptimo mes de arresto domiciliario, acusada de varios delitos.

    Suu Kyi, la candidata electa comienza su séptimo mes de arresto domiciliario, acusada de varios delitos.

    Después del golpe, Suu Kyi, de 75 años y quien comienza su séptimo mes de arresto domiciliario, fue acusada de varios delitos.

    Su juicio por los cargos de posesión ilegal de radios walkie-talkie y violación de los protocolos de coronavirus está programado para reanudarse mañana, lunes 2 de agosto.

    Min Aung Hlaing presidió el Consejo de Administración del Estado (SAC) que se formó justo después del golpe y que gobernó Myanmar desde el 1 de febrero, y que será reemplazado por el el Gobierno interino.

    En su discurso, Min Aung Hlaing reiteró su compromiso de restaurar la democracia.

    “Cumpliremos las disposiciones del estado de emergencia para agosto de 2023. Garantizo el establecimiento de una unión basada en la democracia y el federalismo”, aseguró.

    Poco después del golpe de Estado, los líderes de la junta habían prometido nuevas elecciones en dos años, por lo que la nueva fecha barajada hoy implica un retraso de seis meses respecto de aquel anuncio inicial.

    Desde el golpe de Estado, el país se vio sumido en protestas reprimidas, huelgas y conflictos armados en la frontera.

    Desde el golpe de Estado, el país se vio sumido en protestas reprimidas, huelgas y conflictos armados en la frontera.

    Desde el golpe de Estado, el país se vio sumido en meses de protestas reprimidas a sangre y fuego, huelgas que paralizaron a los sectores público y privado y un resurgimiento de los conflictos armados en la zona fronteriza.

    Sin embargo, las manifestaciones se fueron apagando al ritmo de la represión, y la mayoría de las personas permanecieron hoy encerradas en sus casas, aterradas por la violencia de las fuerzas de seguridad y la propagación del coronavirus.

    Myanmar, una país con más 54 millones de habitantes, contabiliza 299.000 casos y 9.334 muertes a causa de la enfermedad.

    LaAsociación de Asistencia a Prisioneros Políticos acusa a las fuerzas armadas de matar a 939 personas para reprimir la disidencia

    El grupo activista Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos acusa a las fuerzas armadas de matar a 939 personas para reprimir la disidencia desde el golpe y dijo que al menos 6.990 opositores militares fueron arrestados.

    Sin embargo, el Ejército asegura que el número de manifestantes muertos es mucho menor y que miembros de las fuerzas armadas también murieron en la violencia.

    Asimismo, afirma que su respuesta a las protestas cumplió con las normas internacionales frente a las amenazas a la seguridad nacional.

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