Se cumplen 40 años de la derogación de la Ley de Autoamnistía

Un mes antes de ser consagrado por el voto popular el primer presidente democrático tras siete años de dictadura, Raúl Alfonsín pronunció un discurso de campaña en el que prometió, si llegaba al Gobierno, derogar la denominada «Ley de Pacificación Nacional» o «Autoamnistía» dictada por el régimen militar para evitar que los represores de las Fuerzas Armadas pudieran ser enjuiciados por los crímenes cometidos, una medida que el dirigente radical concretó apenas llegó al poder hace cuatro décadas y propiciaría la concreción del denominado «Juicio a las Juntas».

«Necesitamos Fuerzas Armadas de la Nación, de la Constitución y de la democracia, y no señores feudales que, porque tengan algunos galones, se crean amos de un pueblo de súbditos. No vamos a aceptar la Autoamnistía, vamos a declarar su nulidad», expresó Alfonsín en el acto celebrado el 30 de septiembre de 1983 en el estadio de Ferro, uno de los hitos del recorrido electoral del candidato de la Unión Cívica Radical (UCR) rumbo a la presidencia.

Ocho días antes, el dictador Reynaldo Bignone había promulgado la Ley 22.924, conocida como «Pacificación Nacional», que impedía juzgar a los militares por los delitos cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982. Uno de los objetivos de la norma era dar inmunidad a los represores de las Fuerzas Armadas.

El 30 de octubre del 83, Alfonsín obtuvo el 51,7% de los votos en las elecciones nacionales y fue consagrado presidente. Pocas horas después de asumir el cargo, envió al Congreso Nacional, de nuevo en funcionamiento pleno, un proyecto de ley para derogar la norma de Autoamnistía

«La reconciliación nacional y superación de pasadas tragedias son los antecedentes necesarios para la consolidación de la paz», destacó en uno de sus párrafos la Ley de Autoamnistía, puesta en vigencia a poco más de un mes de que los argentinos concurrieran a las urnas.

Alfonsín llevó el tema a sus discursos de campaña, en los que dejó en claro que leyes como la de Autoamnistía igualaban «en el delito a todos» los represores y hacían que quienes hubieran tenido una mayor «culpa» en los crímenes recibieran el mismo trato que los que no tenía ninguna responsabilidad. Así, ponía en debate un aspecto que años después sería incluido en la llamada Ley de Obediencia Debida.

«Aquí hay distintas responsabilidades; hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo; hay una responsabilidad distinta de quienes en definitiva cometieron excesos en la represión, y hay otra distinta también de quienes no hicieron otra cosa que, en un marco de extrema confusión, cumplir órdenes», dijo Alfonsín en Ferro.

El candidato presidencial del peronismo en las elecciones de 1983, Ítalo Luder, también rechazó la norma promulgada por la dictadura y crítico la «teoría jurídica de la obediencia debida», expresada por Alfonsín, «como exculpación penal. Es decir, que los que hubieran cumplido órdenes no serían responsables penalmente. Me parece una teoría atrevida que el futuro poder judicial va a tener que analizar serenamente», opinó.

A partir de ahí, las versiones periodísticas de la época difieren, porque también señalan que Luder consideró que los efectos de la Ley de la dictadura «serían irreversibles», lo que significaba una convalidación de la medida que garantizaba la impunidad por las violaciones de derechos humanos

Luder había sido presidente por un breve tiempo en 1975 durante la licencia por enfermedad que había pedido la entonces mandataria María Estela Martínez de Perón. Al frente del país, Luder firmó los decretos que ordenaron a las Fuerzas Armadas «aniquilar el accionar de los elementos subversivos», en alusión a las organizaciones guerrilleras. A partir de esa medida, las Fuerzas Armadas montaron un operativo de represión en la provincia de Tucumán que fue la antesala del plan de exterminio llevado a cabo a partir del 24 de marzo de 1976.

La noche del 27 de diciembre de 1983, Alfonsín promulgó la ley que derogó la llamada Autoamnistía «por inconstitucional e insanablemente nula»; se trató de la primera norma que firmó el presidente en su gestión

Siete años después, el 30 de octubre del 83, Alfonsín obtuvo el 51,7% de los votos en las elecciones nacionales y fue consagrado presidente. Pocas horas después de asumir el cargo, Alfonsín envió al Congreso Nacional, de nuevo en funcionamiento pleno, un proyecto de ley para derogar la norma de Autoamnistía.

La iniciativa aseguraba que la Ley promulgada por un Gobierno de facto tenía «una validez cuestionable» y que «los que sancionan y promulgan una amnistía no pueden ser sus beneficiarios».

Además, la norma de Pacificación Nacional violaba la Constitución, que impide la concesión de «facultades extraordinarias, la suma del poder público, sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria», sostiene la Carta Magna, el argumento expresado por el proyecto alfonsinista.

La iniciativa tuvo la aprobación, primero, de la Cámara de Diputados y luego, el 22 de diciembre, de la de Senadores.

«Este instrumento, que desde ningún punto de vista podemos llamar ley, se encuentra totalmente descalificado ética y moralmente, por cuanto constituye una suerte de autoperdón o autoamnistía, hecho que vulnera los más elementales principios de una sociedad humana. La amnistía es la ley del olvido», destacó en su discurso en el recinto legislativo el entonces senador nacional por la UCR Fernando de la Rúa.

Desde la bancada peronista, el senador por La Rioja Eduardo Menem aseguró en su intervención que con la derogación «de la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, el Poder Legislativo no hará más que plasmar el clamor de todo el pueblo argentino que se pronunció en contra de la sanción de esa disposición (…) inclusive hasta ciertos grupos de las fuerzas armadas». También el senador peronista por Catamarca Vicente Saadi avaló la derogación de la normativa de la dictadura, a la que calificó de «engendro».

La iniciativa democrática aseguraba que la Ley promulgada por un Gobierno de facto tenía «una validez cuestionable» y que «los que sancionan y promulgan una amnistía no pueden ser sus beneficiarios»

La noche del 27 de diciembre de 1983, Alfonsín promulgó la ley que derogó la llamada Autoamnistía «por inconstitucional e insanablemente nula»; se trató de la primera norma que firmó el presidente en su gestión.

Inmediatamente después, el Ministerio de Defensa comunicó oficialmente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la puesta en vigencia de un decreto de procesamiento a los integrantes de las tres primeras juntas que gobernaron el país entre 1976 y 1983.

Se trató del paso inicial que terminaría el 9 de diciembre de 1985 con la sentencia de la Justicia civil a los jefes de los militares, cinco de los cuales -entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera- fueron condenados a distintas penas de prisión.